Por : Mariela De Aza

En medio de la indignación que ha provocado la muerte de un joven durante una intervención policial en Herrera, es natural que la ciudadanía exija respuestas, justicia y sanciones ejemplares. Eso es precisamente lo que corresponde en un Estado de derecho.

Sin embargo, una cosa es exigir responsabilidades al agente que presuntamente actuó al margen de la ley y otra muy distinta es convertir a toda una institución, o incluso a una funcionaria, en responsable directa de un hecho que hoy está bajo investigación del Ministerio Público.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos tras este caso. Pero vale la pena hacerse una pregunta sencilla: ¿Fue ella quien ordenó disparar? La respuesta es no. ¿Ha defendido al agente involucrado? Tampoco.

Desde que asumió el cargo, Raful ha insistido en la necesidad de transformar la Policía Nacional, fortalecer la formación de los agentes, promover el uso proporcional de la fuerza y consolidar una institución más cercana a la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos. De hecho, el propio agente involucrado había recibido las capacitaciones correspondientes dentro del proceso de reforma policial. Eso demuestra que la formación existió; lo que falló fue la decisión individual de quien, según las investigaciones, no actuó conforme a los protocolos establecidos.

También resulta importante reconocer que la reforma policial no ocurre de la noche a la mañana. Transformar una institución con decenas de miles de miembros requiere tiempo, recursos, supervisión y un cambio profundo de cultura organizacional. Aún existen resistencias internas y hechos como este representan un revés para el proceso de transformación. Reconocer esa realidad no significa justificar lo ocurrido, sino asumir que el reto sigue siendo enorme y que el cambio institucional exige constancia, vigilancia y voluntad para corregir lo que todavía no funciona.

La respuesta de las autoridades también merece ser observada con objetividad. El agente involucrado fue arrestado, puesto a disposición del Ministerio Público y los demás policías que lo acompañaban fueron suspendidos preventivamente mientras avanzan las investigaciones. Además, Faride Raful ha sido clara al reiterar un mensaje que no admite interpretaciones: «Ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad». Esa debe ser precisamente la esencia de cualquier proceso de reforma: que quien viole la ley responda ante la justicia, sin importar el cargo o el uniforme que porte.

Por eso, el debate no debería centrarse en buscar culpables políticos donde no los hay, sino en garantizar que quienes violen la ley enfrenten las consecuencias de sus actos y que la reforma policial continúe fortaleciéndose para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

La indignación ciudadana es legítima. La exigencia de justicia también. Pero la justicia pierde credibilidad cuando sustituye las pruebas por las acusaciones o cuando convierte la responsabilidad individual en una condena colectiva.

Tampoco podemos olvidar que una reforma institucional se mide, precisamente, por la forma en que responde cuando uno de sus miembros viola la ley. Si las autoridades investigan, suspenden, someten a la justicia y permiten que el Ministerio Público actúe con independencia, el mensaje que se envía es que nadie está por encima del ordenamiento jurídico.

La Policía Nacional debe seguir depurándose, profesionalizándose y sometiendo a la justicia a quienes traicionen el uniforme. Del mismo modo, el Ministerio de Interior y Policía debe continuar impulsando las transformaciones necesarias para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar una institución más transparente, eficiente y cercana a la población.

Criticar cuando corresponde fortalece la democracia. Pero también lo hace reconocer cuando una institución actúa con transparencia y permite que la justicia siga su curso. Al final, la verdadera reforma no consiste en afirmar que ya no existen problemas, sino en enfrentarlos con firmeza, corregirlos y evitar que se repitan. Ese es el verdadero desafío que hoy comparten la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, el Gobierno y la ciudadanía: consolidar una cultura de legalidad, respeto y corresponsabilidad que permita construir una institución cada vez más profesional, transparente y cercana a la gente. Porque la seguridad no depende únicamente de quienes visten un uniforme; también requiere del compromiso de toda la sociedad para fortalecer el Estado de derecho y evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.