Por: Mariela De Aza

Las recientes declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sobre el aumento de los feminicidios y las fallas del sistema preventivo generaron titulares inmediatos. Muchos medios centraron la atención en una frase puntual: “hemos fallado como sistema”. Sin embargo, reducir el debate únicamente a esa admisión sería simplificar un problema mucho más profundo y complejo.

Sí, el sistema tiene responsabilidades. El Estado debe garantizar mecanismos de protección efectivos, respuestas rápidas y acompañamiento oportuno para las víctimas de violencia. Es una obligación institucional y moral. Pero también es cierto que la violencia no nace exclusivamente de las instituciones. La violencia se alimenta de una cultura social deteriorada, de patrones aprendidos, de hogares fracturados, de la ausencia de educación emocional y del debilitamiento de valores esenciales como el respeto, la empatía y la tolerancia.

Lo que está ocurriendo no puede analizarse únicamente desde estadísticas o protocolos. Hay una crisis humana detrás de cada caso. Existe una generación creciendo en medio de la agresividad, la intolerancia y la normalización del abuso psicológico y físico. Se ha vuelto común reaccionar con violencia ante el rechazo, la frustración o la pérdida de control. Y eso no se resuelve solo con leyes o patrullaje.

La educación juega un papel determinante. No únicamente la académica, sino la formación en valores desde el hogar y la comunidad. Enseñar a manejar emociones, aceptar límites, respetar decisiones y convivir en paz es tan importante como cualquier política pública. Cuando una sociedad pierde la capacidad de dialogar y controlar impulsos, la violencia termina ocupando espacios cotidianos.

También hay una dimensión espiritual que muchas veces se evita discutir. El deterioro moral y la pérdida de sensibilidad frente al dolor ajeno reflejan una lucha más profunda que trasciende lo institucional. Hay odio, vacío emocional, resentimiento y descomposición social que no pueden ignorarse. Para muchos sectores de la sociedad, esto también representa una batalla espiritual que requiere recuperar principios, fe, propósito y conciencia colectiva.

Las palabras de Faride Raful no deben interpretarse únicamente como una admisión de debilidad institucional, sino como un llamado a reflexionar sobre el país que se está construyendo. El problema no pertenece solo al Gobierno, ni exclusivamente a las autoridades. Es un desafío que involucra familias, escuelas, iglesias, comunidades, medios de comunicación y ciudadanos.

Combatir la violencia exige más que reacción. Requiere prevención, educación, compromiso social y reconstrucción de valores. Porque mientras no se transforme la conciencia colectiva, seguiremos lamentando tragedias que pudieron evitarse mucho antes de llegar a una denuncia o a una estadística oficial.